Fuerteventura ha convivido históricamente con el desafío de la aridez, pero la gestión de sus recursos hídricos ha llevado a la isla sedienta a una situación límite. En septiembre de 2025, el Cabildo de Fuerteventura y el Consejo Insular de Aguas anunciaron el fin del decreto oficial de emergencia hídrica tras más de dos años de vigencia. Una decisión amparada en una inversión histórica superior a los 60 millones de euros que ha permitido incrementar la producción en un 66% y reducir los cortes severos en un 80%. No obstante, a pie de calle, colectivos vecinales y la oposición denuncian que la verdad detrás de los grifos es muy distinta: las soluciones definitivas siguen sin materializarse en la red secundaria y la población continúa sufriendo la escasez.
De la emergencia institucional a la realidad del grifo
La declaración de la emergencia hídrica respondió a un riesgo crítico de desabastecimiento generalizado en una isla que depende por completo de la desalinización del agua de mar para su consumo potable. Durante este periodo crítico, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) aceleró la ejecución de infraestructuras estratégicas. Según detalló la presidenta del Cabildo, Lola García, al decretar el fin de la emergencia, se han completado más del 60% de las obras planificadas, proyectando la culminación del resto de los trabajos para finales del año 2026. [1]
Este despliegue técnico se ha traducido en la ampliación y renovación de los centros de producción clave: las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAM) de Puerto del Rosario, Corralejo y la futura infraestructura de Gran Tarajal. De forma complementaria, proyectos de distribución cruciales como la conducción entre Calderetilla y Tiscamanita o la recepción del depósito regulador de Guerime han aliviado la presión en el bombeo insular. El consejero de Aguas, Adargoma Hernández, argumentó en la televisión pública canaria que los datos técnicos actuales ya no justificaban mantener la prórroga de la emergencia, puesto que la dependencia de compras de agua a terceros cayó drásticamente a mínimos históricos.
El malestar social y las cicatrices en la red de distribución
Pese al optimismo institucional, plataformas ciudadanas como «¿Tienes agua, Fuerteventura?» mantienen una postura sumamente crítica y destapan la verdad que sufren los vecinos. A través de las redes sociales y concentraciones vecinales, los residentes de núcleos urbanos del norte y del interior denuncian que los cortes intermitentes continúan afectando de forma habitual a su vida cotidiana. «Muchos millones de inversión pero las tuberías principales siguen reventando en las pruebas de carga», denuncian portavoces vecinales en Onda Fuerteventura, señalando retrasos en la fiscalización de obras como la impulsión al depósito de La Herradura.
El problema troncal de esta isla sedienta trasciende la mera capacidad de desalar; radica en un sistema de canalizaciones obsoleto que arrastra pérdidas masivas de caudal antes de llegar al consumidor final. Además, el elevado coste energético derivado del uso de combustibles fósiles en las plantas genera un sobrecoste financiero insostenible, abriendo otro frente de debate sobre el bloqueo en la planificación de energías renovables destinadas al autoconsumo hidráulico. Fuerteventura camina así entre el alivio de haber superado sus peores años de restricciones extremas y la exigencia ciudadana de una modernización estructural definitiva que garantice, de una vez por todas, la seguridad hídrica general.
